La industria de la construcción, a nivel regional, ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos 30 años [1]. En buena parte de los países de la región, el índice de crecimiento anual del sector ha sido, en épocas de auge, superior al del crecimiento del PIB.[2]

 

También en el Uruguay, el sector  ha experimentado un crecimiento sostenido, acompañando el proceso de recuperación de la economía después de la crisis de 2000-2001. Aunque tal incremento se ha estabilizado en el último año, se espera que el mismo continúe en el mediano y largo plazo. Según datos del Banco Central del Uruguay, la Industria de la construcción representa un 8% del producto interno bruto. En cuanto al empleo, para el 2006, se reportaron 87.392 ocupados que ascendieron a 126.266 en 2012, y para 2013 el sector generó el 8.1% del empleo nacional.[3] Sin embargo los trabajadores de la construcción registrados en la seguridad social no fueron más de 70 mil en el año 2010 lo que deja en claro el tamaño del empleo informal. [4]

 

El crecimiento del empleo en el sector ha puesto en evidencia la insuficiencia de una oferta laboral adecuadamente calificada. No sólo resulta difícil cubrir las vacantes sino que, adicionalmente, los trabajadores en actividad necesitan actualizar sus competencias para desempeñarse de acuerdo a las innovaciones y actualizaciones tecnológicas en el sector.

 

Frente a esta situación, las organizaciones de empleadores y trabajadores del sector se han planteado la necesidad de impulsar la calificación de los trabajadores,  promoviendo el desarrollo de la oferta  de formación inicial y permanente así como  dispositivos de reconocimiento y certificación de competencias. Sin embargo, el sector carecía de información actualizada, sistematizada y acordada acerca de su estructura  ocupacional  así como de descripciones de los puestos y de las competencias requeridas, tampoco contaba con mecanismos que permitieran reconocerlas  y certificar los saberes adquiridos por los trabajadores mediante la experiencia laboral. Ello constituye  un obstáculo para diseñar e implementar estrategias de formación pertinente y de calidad que permitan responder a los requerimientos de las empresas y las necesidades de calificación de los trabajadores de la Industria.En tal sentido, el Consejo de Salarios, órgano sectorial de integración tripartita, creado por Ley 10.449  planteó en su acta de acuerdo de diciembre 2010 que: “... las partes han definido como un objetivo de alta prioridad la capacitación y formación profesional de todos sus recursos humanos y de quienes se integren en el futuro a la industria de la construcción … Definen como un nuevo objetivo de alta prioridad la concreción de una nueva evaluación de tareas y generar mecanismos que permitan aplicar la certificación por competencia ...” .[5]



[1]ILO. The construction industry in the twenty first century: Its image, employment prospects and skill requirements. Tripartite Meeting on the Construction Industry in the Twenty-first Century: Its Image, Employment Prospects and Skill Requirements. Geneva, 2001

[2] OIT. Panorama Laboral 2011.

[3]Datos del Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay

[4]Datos del Banco Central y del BPS, recogidos en: OIT. Billorou, Silveira, Vargas: Indicadores sobre  tendencias en la demanda  de competencias sectoriales en países seleccionados de América Latina. Montevideo, 2012.

[5]Acta de acuerdo del CCSS del 3 de diciembre de 2010. Artículo 21.